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Por qué no


Esta reforma es más de lo mismo:

● Propone una serie de medidas conocidas e ineficientes, tanto en nuestro país como en la región.

● Busca profundizar la estrategia promovida por el Estado, con el consenso de la mayoría del sistema político:

○ Hace más de 25 años que se endurecen penas, se reduce la posibilidad de libertades anticipadas y se aumenta el presupuesto público y privado en seguridad. Sin embargo, la criminalidad no ha dejado de crecer.

○ La habilitación de los allanamientos nocturnos y la formalización de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) como garantes de la seguridad interna ya fueron incluidas en un proyecto de reforma constitucional, que fue impulsado y plebiscitado por la dictadura cívico-militar y rechazado por la ciudadanía en 1980.


Esta reforma es un camino peligroso

Militarización de la seguridad interna

● Las FF. AA. no están preparadas para intervenir en seguridad pública ni actuar con población civil, sino para la defensa de la soberanía nacional y la neutralización de un enemigo.

● La última vez que las FF. AA. se encargaron del mantenimiento de la seguridad interna ocurrieron graves delitos y violaciones a los derechos humanos.

● Las intervenciones militares suelen darse en las zonas y barrios más carenciados, lo que profundiza la vulnerabilidad de la población que allí vive. Esto, a su vez, aumenta la violencia y empeora los problemas de convivencia de la sociedad.

● La experiencia internacional muestra que estas intervenciones pueden generar consecuencias irreparables, como muertes, daños físicos y psicológicos y destrucción de bienes materiales. Siempre que se ha optado por militarizar la seguridad interna, la violencia ha aumentado: Brasil, Colombia, México y Venezuela dan cuenta de esto.


Allanamientos nocturnos

● La inviolabilidad del hogar está en la Constitución desde 1830 y nunca ha sido modificada.

● La propuesta fue incluida en el proyecto de reforma impulsado por la dictadura cívico-militar y rechazado por el 57 % de la ciudadanía en el plebiscito de 1980.

● No garantiza la integridad física de las personas dentro y en las cercanías de los lugares allanados ni la de los efectivos encargados de los allanamientos.

● Sindicatos de la policía, cuyos efectivos realizan allanamientos actualmente, se han pronunciado en contra de la iniciativa por la falta de garantías.

● Esta medida se enfoca únicamente en el combate de las bocas de venta de drogas, estrategia que sigue dando pobres resultados por la facilidad que tienen las redes de narcotráfico para movilizar recursos y operar en otros lugares.

● Esta propuesta no busca combatir las grandes redes de narcotráfico, que son, en definitiva, los pilares del negocio. Para un abordaje integral, es necesario investigar y atacar las rutas de financiamiento para neutralizar el narcomenudeo.


Penas y sistema penitenciario

● El “cumplimiento efectivo de penas” elimina la posibilidad de que a través de la buena conducta, el trabajo o el estudio puedan obtenerse beneficios, como libertad anticipada o vigilada o reducción de penas.

● Esta medida impactará negativamente en los incentivos para la reinserción de las personas privadas de libertad, uno de los pilares fundamentales para evitar la reincidencia y lograr la reducción del delito.

● Mantener a las personas privadas de libertad por más tiempo no garantiza que no vayan a reincidir.

● Las cárceles uruguayas están en emergencia humanitaria, en condiciones deplorables e inhumanas. La superpoblación y el hacinamiento han provocado que aumenten la violencia y la reincidencia, potenciando las estructuras delictivas.

● Esta medida pretende encerrar más personas, sin explicar cómo será financiada. ¿Se pretende aumentar el gasto para una medida probadamente ineficiente o se pretende bajar más el presupuesto per cápita en las cárceles, vulnerando aún más los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran?

● La cárcel debe ser un medio para mejorar la seguridad y la convivencia, no un fin en sí mismo. El pasaje por la prisión debe servir para la integración y reinserción de las personas privadas de libertad.

● Esta medida concibe la cárcel como un castigo y objetivo en sí mismo, lo que contradice el art. 26 de la Constitución, que establece: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.


¿Vivir sin miedo?

Esta reforma ignora a las víctimas del delito, quienes conviven con el daño físico, psicológico o material. Una propuesta seria debería incorporarlas como uno de los ejes centrales.

Necesitamos trabajar en las causas y la prevención del delito, atacando la desigualdad y los procesos de exclusión social, laboral y educativa y la creciente segregación urbana.

Podemos y debemos exigir medidas más eficientes en la utilización del gasto público y en la defensa de todos y todas.

Al miedo le ganamos trabajando por una sociedad más justa. Un país para vivir seguros y seguras se construye con más y mejor educación, trabajo, vivienda y oportunidades, sin exclusiones.


Otros caminos posibles

Creemos que existen otras formas de comprender y mejorar la seguridad ciudadana, desde una perspectiva integral y de derechos humanos. Es necesario generar políticas públicas efectivas y no seguir profundizando el enfoque punitivista, que no solo no ha dado resultados, sino que ha empeorado el problema.

Algunos aspectos importantes que Uruguay necesita trabajar o mejorar:

Políticas de prevención. Todas las políticas de seguridad hacen foco en los sujetos cuando entran en conflicto con la ley, desde una lógica de castigo y represión. Consideramos que es importante mejorar las políticas sociales, centrándose en aquellas personas con altos niveles de exclusión, que son más propensas a acercarse al delito.

Atacar las causas estructurales que son el puntapié inicial para el desarrollo de la delincuencia, en especial en los barrios con mayores carencias socioeconómicas, donde el Estado ha perdido terreno o aún no llega eficazmente, a través de inversión en vivienda, urbanización, educación, salud, etcétera.

Implementar políticas de egreso que aseguren la reinserción social de las personas liberadas y les garanticen vivienda, salud y educación. La vivienda es uno de los mayores problemas de las personas ex privadas de libertad, ya que estas conforman más del 50 % de la población en situación de calle en Montevideo. La Dirección Nacional del Liberado (DINALI) ofrece una posada para liberados donde estos pueden vivir hasta 120 días. Es un espacio autogestionado, donde reciben nivelación educativa y trabajan con el barrio. Sin embargo, esta posada cuenta con 66 plazas, mientras que por año salen 6 mil personas de las cárceles.

Más oportunidades de trabajo y estudio en cárceles. Actualmente, los cupos son limitados, lo cual transforma la educación y el trabajo en un privilegio, más que en un derecho (por ejemplo, en la unidad 4 del ex-Comcar solo acceden a estudiar el 10 % de las personas recluidas). Es importante recordar que el único derecho que las personas privadas de libertad tienen restringido es el de la libertad ambulatoria.

Capacitación laboral en cárceles. Es importante que el pasaje por la reclusión promueva la capacitación laboral para preparar a las personas privadas de libertad para la reinserción.

Estímulos a emprendimientos productivos autogestionados por las personas privadas de libertad (por ejemplo, la unidad 6 de Punta de Rieles).

Cárceles pequeñas con espacios comunitarios y de circulación. Las cárceles más pequeñas tienen menores grados de violencia, lo cual tiene relación directa con la reincidencia. A pesar de esto, Uruguay inauguró recientemente una cárcel para 1800 personas a través del modelo PPP (unidad 1 de Punta de Rieles). Además, es importante que las personas puedan circular, tener movilidad y hacer actividades de recreación (por ejemplo, la unidad 6 de Punta de Rieles, donde la circulación por el predio es libre durante el día). En la mayoría de las cárceles uruguayas no solo se padece el hacinamiento, sino que existe un número importante de personas que no tienen más de una hora de salida al patio por día.

Cumplimiento de las cuotas laborales para personas ex privadas de libertad. En Uruguay, las empresas que licitan con el Estado para la construcción de obras públicas deben cumplir con una cuota del 5 % de personas ex privadas de libertad en la categoría de peón, medio oficial y oficial. Muchas empresas han encontrado la forma de evadir esta medida, sorteando la contratación de peones, con el conocimiento de que es inusual que esta población cuente con la acreditación formal para las otras categorías.

Medidas no privativas. La experiencia internacional indica que las medidas no privativas tienen tasas menores de reincidencia en relación con la privación de libertad. Mientras que en los países con bajas tasas de reincidencia hay una persona presa cada cuatro personas con medidas no privativas, en Uruguay, por cada persona privada de libertad hay menos de una con medidas no privativas.

Consolidar una reforma integral de la educación que restablezca el carácter inclusivo e integrador particular de la educación pública.

Reformulación de políticas en materia de drogas. Es necesario considerar la guerra contra el narcotráfico un fracaso global y enfocar el combate del consumo problemático y las adicciones como un problema de salud pública y no de seguridad.

Investigar y atacar las rutas de financiamiento del narcotráfico para neutralizar su llegada. Esto funcionaría como alternativa al combate en el territorio, el cual no da resultados por la facilidad de movilización de recursos para operar en otros espacios.

Apuntar a la investigación y análisis de ejemplos exitosos a nivel regional e internacional de políticas públicas en materia de seguridad pública y convivencia ciudadana para construir otro camino posible.


Compartimos con la población la urgencia de un cambio. En este sentido, situamos la responsabilidad de este problema en el sistema político, que ha impulsado un camino que nos ha dejado en una situación que continúa empeorando; aún así, se siguen aplicando y proponiendo medidas ineficientes.

Es necesario establecer un debate amplio e inclusivo que permita construir un nuevo rumbo en las políticas en materia de seguridad y convivencia.


No queremos cuerpos militarizados patrullando las calles, sobre todo en los barrios en una peor situación socioeconómica, porque esto propicia situaciones de abuso de la autoridad.
No queremos estructuras históricamente corruptibles encargadas de la seguridad pública.
No queremos centros de reclusión que sean maquinarias de violación de los derechos humanos, que alimenten las estructuras delictivas y que potencien así el crimen en nuestro país
No queremos que se gaste una enorme cantidad de presupuesto público de manera ineficiente y que, en lugar de brindar seguridad, se tenga a la ciudadanía cada vez más controlada y violentada.

Datos útiles

Punitivismo

● Aumento del presupuesto público y privado en seguridad, endurecimiento de penas y disminución de las posibilidades de libertad han sido los principales ejes del esquema punitivista en materia de seguridad.

● En los últimos años se ha multiplicado el presupuesto en equipamiento e infraestructura para las fuerzas de seguridad.

● Desde el 2010, existe la Guardia Republicana, que ha incorporado efectivos militares con funciones de saturación y represión, equipamiento pesado y entrenamiento especializado de carácter militar. Al 21/6/2019, contará con 2150 efectivos.

● En 2016 se crea el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) en respuesta al incremento de delitos violentos en ciertos puntos de Montevideo. Está formado en gran parte por miembros de la Guardia Republicana; en 2018 contaba con 1700 efectivos.

● A partir de 2010, el eje de las políticas de seguridad en nuestro país se basa en el acuerdo interpartidario de seguridad, también conocido como “Documento de consenso”, firmado por los partidos que contaban con presencia parlamentaria en aquel momento.

● En 2012, el gabinete de seguridad reafirma los principios establecidos en el “Documento de consenso” con el documento “Estrategia para la vida y la convivencia”, es decir, reafirma la orientación punitivista de las políticas de seguridad.


Militarización

● Organismos internacionales como la Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han alertado sobre la necesidad de la separación de las funciones policiales y las militares dado el peligro, históricamente demostrado, de violación de los derechos humanos por la naturaleza y el enfoque del entrenamiento militar.

Brasil: Entre 2017 y 2018, la intervención militar en Río de Janeiro provocó un aumento de 61 % en los tiroteos y un 35 % en los asesinatos por parte de las fuerzas militares. Solo en el primer cuatrimestre de 2019, hubo 600 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.

México: Entre 2007 y 2015, la guerra contra el narcotráfico en México, liderada por las fuerzas armadas, ha provocado un aumento drástico en los homicidios y un saldo de más de 27 mil desaparecidos. Miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos –incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura– en el marco de las acciones contra el crimen organizado.


Allanamientos nocturnos

● Fueron incluidos en el proyecto de reforma constitucional de la dictadura y rechazados por 57 % de la población en el plebiscito de 1980.

● Sindicatos policiales se manifestaron en contra de esta medida, ya que consideran que no están las garantías necesarias para mantener su seguridad ni la del entorno.


Penas y cárceles

● Uruguay tiene actualmente casi 11000 personas privadas de libertad, una de las tasas de prisionalización más alta de Latinoamérica, que supera el máximo histórico.

● Cada año entran y salen un promedio de 6400 personas. Esto significa que la población se renueva en un 60 % anualmente.

● 6 de cada 10 personas que salen del sistema penitenciario, reinciden

● En 2017, los principales delitos cometidos por mujeres fueron los vinculados a la ley de estupefacientes (27,2 %), hurto (21,8 %) y receptación (12,7 Por su parte, entre los hombres, los mayores delitos cometidos fueron los de hurto (40,4 %) y receptación (12,4 %).

● En 2017, 6400 personas fueron procesadas con prisión, de las cuales 4500 fueron por hurto, casi 1300 por receptación, 1000 por rapiña, 960 por ley de estupefacientes y 660 por lesiones personales. También hubo 177 procesados por homicidio y 88 por homicidio culposo.